El TST niega a un tercerizado el adicional de confinamiento previsto en un acuerdo colectivo firmado solo con la contratante
En decisión monocrática, la relatora reformó una sentencia del TRT-11 y descartó la extensión automática de un beneficio de la norma colectiva de la contratante a un empleado de una empresa tercerizada, citando el Tema 383 de repercusión general del STF. La decisión es individual y todavía puede ser revisada por recurso de agravo.
En el proceso 512-93.2021.5.11.0008, la ministra relatora del Tribunal Superior do Trabalho (TST) negó, en decisión monocrática, la extensión del adicional de confinamiento a un trabajador tercerizado que prestaba servicios para Petrobras. La decisión reformó una sentencia del Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11), que había concedido el adicional al tercerizado con base en una convención o acuerdo colectivo firmado entre la contratante y el sindicato de la categoría.
El fundamento: libre iniciativa y el Tema 383 del STF
Para la relatora, una norma colectiva negociada exclusivamente entre la empresa contratante y el sindicato de su categoría no se extiende automáticamente a los empleados de empresas tercerizadas, que tienen empleador, categoría y convención colectiva propios. Extender el beneficio sin previsión específica en la norma colectiva de la propia prestadora, según la decisión, violaría la libre iniciativa y la autonomía negocial de las partes que efectivamente celebraron el acuerdo, entendimiento amparado en el Tema 383 de repercusión general del STF sobre los límites de la negociación colectiva.
Qué significa esto para la política de beneficios
El caso ilustra un punto recurrente en operaciones que usan tercerización intensiva: los beneficios previstos en la norma colectiva de la contratante, como adicionales de riesgo específicos del sector, no se extienden automáticamente a los tercerizados solo porque trabajan codo a codo con los empleados efectivos en el mismo ambiente. La extensión depende de una previsión propia en la norma colectiva de la prestadora, de una cláusula contractual específica, o de una decisión judicial sobre el caso concreto, y las empresas contratantes no deben presumir una igualdad automática de beneficios sin ese análisis.
Comparar los derechos previstos en las normas colectivas de la contratante y de la prestadora es parte del alcance de nuestra Auditoría, Cumplimiento y Gestión de Terceros, que identifica brechas de igualdad antes de que se conviertan en pasivo. Para una primera lectura gratuita de su escenario, use el Diagnóstico Gratuito Nexus.
¿Su empresa ya comparó los adicionales previstos en su propia convención colectiva con los que la contratante concede a sus empleados efectivos en el mismo ambiente de trabajo?