El STF fija R$ 5.000 como criterio para la Justicia Gratuita, y eso cambia el cálculo de riesgo de las demandas laborales
Al juzgar la ADC 80, el 3 de septiembre, el Supremo sustituyó el criterio de ingresos creado por la reforma laboral de 2017 por un parámetro único de hiposuficiencia, válido en todo el Poder Judicial: con efecto directo sobre quién puede litigar de forma gratuita contra su propio empleador.
En agenda: el Supremo Tribunal Federal (STF) juzgó, el 3 de septiembre, la ADC 80 y fijó R$ 5.000 de ingreso mensual como parámetro para la presunción de hiposuficiencia, es decir, para la concesión automática de la Justicia Gratuita. Quien gana hasta ese valor tiene presunción (relativa) de que no puede pagar las costas del proceso; quien gana más necesita comprobar activamente la falta de recursos, ya no basta la autodeclaración. La decisión sustituye el criterio que la reforma laboral de 2017 había introducido en el art. 790 de la CLT, el 40% del techo del INSS, considerado obsoleto y, según la prensa jurídica que siguió el juicio (ConJur, Migalhas), extiende ese parámetro a todas las ramas del Poder Judicial, con impacto directo e inmediato sobre la Justicia del Trabajo.
Dos detalles técnicos importan para quien maneja pasivo laboral en el día a día: el valor no queda congelado, está previsto un reajuste vinculado a los tramos de exención del Impuesto a la Renta, con corrección por el IPCA en caso de que esa actualización no ocurra; e incluso por debajo de R$ 5.000, el juez sigue pudiendo negar el beneficio si hay indicios de patrimonio o ingreso familiar incompatible. La aplicación, según lo informado, rige desde la publicación del fallo: es decir, para procesos que se están presentando ahora, no para demandas ya en curso.
En la práctica, esto reposiciona a quién tiene, y a quién no tiene, acceso automático a litigar sin costo contra el empleador. Las empresas con nóminas más concentradas en tramos de ingresos medios y altos (gerencias, especialistas, sectores como el bancario, mencionado explícitamente por la prensa jurídica como uno de los más afectados) deberían sentir el efecto más rápido: los colaboradores de esos tramos dejan de tener la certeza de la gratuidad automática y pasan a tener que demostrar la necesidad, lo que tiende a cambiar el cálculo de quién presenta, y cómo, una demanda laboral.
Este tipo de cambio normativo entra directo en el radar de quien se ocupa de relaciones laborales y sindicales, cumplimiento, y también de las áreas financieras que provisionan pasivo laboral en los estados contables: el criterio de acceso a la gratuidad es una de las variables que componen la estimación de riesgo de una demanda, y cambió. También pesa en el momento de las desvinculaciones y negociaciones de liquidación, cuando la percepción de costo (o ausencia de costo) de una eventual demanda influye en la mesa de negociación.
Usamos tecnología e Inteligencia Artificial para identificar, junto con cada empresa, cómo un cambio de criterio como este altera la exposición a pasivo laboral por tramo salarial y por área, antes de que aparezca como una sorpresa en una demanda. Si su empresa todavía no tiene ese diagnóstico de su propia exposición, el Diagnóstico Sindical gratuito (5 minutos) es un buen punto de partida.
¿Su empresa ya reevaluó cómo este nuevo criterio de Justicia Gratuita cambia el riesgo de las demandas laborales en curso, y de las que todavía pueden llegar?